domingo, 25 de noviembre de 2018

ESPAÑA Y LOS CRISPADORES

Artículo publicado en Diario de Ferrol. Angel Anidos 25/11/2.018


Una teoría en sociología mantiene que los españoles somos tan iguales que si no fuera por los políticos las diferencias serían prácticamente inexistentes.

Actualmente, más que nunca,  tenemos un buen lote de estos que se afanan, un día sí y otro también, en resaltar el “hecho diferencial”; no deja de ser curioso que además paguemos sus sueldos.

Nuestro país es más respetado y admirado de lo que nos parece; está considerado como uno de los mejores del Mundo para vivir. Líderes mundiales en trasplantes y donantes de órganos, con las tasas de suicidios más bajas del mundo y con un sistema sanitario universal  y de calidad extraordinaria.

Baja tasa de criminalidad y violencia de género, pueblo sociable y tolerante con una de las mayores cotas de calidad y esperanza de vida, líderes mundiales en ingeniería, infraestructuras, medicina, bioquímica y un largo etc. Todo esto acompañado de magnifico clima, belleza y pluralidad paisajística, lingüística y  costumbres.

Según  The Economist Intelligence Unit (EIU), España además, para desasosiego de las  minorías de siempre, cuenta con un elevado índice de  calidad democrática solo superada por Canadá, Australia y Países Nórdicos y por encima de otros como  Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia o la propia Bélgica con actuaciones de su poder judicial de reciente recuerdo.

Este índice mide: los procesos electorales, el pluralismo, la libertad de celebración de elecciones, participación y cultura política, libertades civiles y derechos humanos  o calidad del funcionamiento de los Gobiernos.

Conociendo nuestro convulso pasado, nadie debe dudar que esta situación, la mejor de la Historia,  se haya alcanzado gracias a la Carta Magna del 78 de la que han dimanado un amplísimo consenso, reconciliación  y unidad de todos los españoles.

Evidentemente todo es mejorable, teniendo en cuenta además, el delicado equilibrio político en que los padres de la constitución hicieron su trabajo; pero pensemos, que cualquier cambio deberá tener un amplio consenso, tener claro el porqué y el beneficio para una inmensa mayoría y no para los intereses de unos pocos.

Por supuesto, a pesar de las virtudes también tenemos   dificultades que no debemos obviar:   el endémico desempleo,  creciente desigualdad, la corrupción y el separatismo populista que soportamos.

Este último, para muchos el principal problema,  no es una situación única de España; existió, existe y existirá en muchos otros países, la diferencia está en cómo se aborda  por unos y otros.

Alemania con Baviera, Francia con Bretaña, la comunidad Vasco Francesa y Córcega, Italia con la liga Norte y Sicilia,  Estados Unidos, en su momento, con Texas, son situaciones similares que, sin embargo  se afrontaron de raíz, manteniendo una centralización de servicios claves como son la educación, sanidad, fuerzas de seguridad ciudadana y legislación básica y no permitiendo la demagogia y manipulación del ciudadano por  las minorías; al contrario de lo que aquí sucedió.

En todos estos países tomaron nota de una conocida reflexión maquiavélica: “Quien permite el desorden para evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra”.

La interesada postura partidista de mirar para otro lado a cambio de votos  de los distintos jefes de Gobierno  en La Moncloa y no la Constitución, digna trayectoria de las instituciones,  reconversión  de las Fuerzas Armadas y comportamiento del pueblo, fue la verdadera causa de la expansión del secesionismo.

Afortunadamente, treinta años de “caño libre” tergiversando  la historia, manipulando la educación y los medios no fueron suficientes para que la “raza superior” lograra sus objetivos, pero sí para hacer un considerable daño y ruptura social que costará años reparar. Estos sí siguieron otra máxima del político antes mencionado: “Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira, la política no tiene relación con la moral”.

Descalificar a la Monarquía a la mayoría de ciudadanos españoles y sus instituciones es, según ellos,  libertad de expresión. Respetar la Constitución,  el país, defender nuestras  ideas  y portar nuestra bandera es crispar a la sociedad.

Semanas atrás escuchaba a un veterano y carismático político definirse como crispador, pues se atrevía a proclamar que amaba a España,  sus instituciones, bandera y Constitución y además no se callaba, no tenía miedo. Está claro que la mayoría de los españoles y el mismo que les escribe también somos cirspadores.

 

jueves, 1 de noviembre de 2018

Democracia y sociedad


Uno de los preceptos aceptados por abrumadora mayoría entre los humanos, es aquel que determina que la Democracia es el sistema menos malo para establecer normas de convivencia, velar por su cumplimiento y en consecuencia gobernar una sociedad.

También otro concepto no discutible es que todo estado democrático tiene que tener como norma básica el respeto a la independencia de los tres poderes, el Legislativo para “fabricar” leyes, el Ejecutivo para ponerlas en práctica y el Judicial para hacerlas cumplir.

Intrínsicamente estos conceptos sencillos y que todos aceptamos, al observar el comportamiento de unos cuantos, nos dan una clara prueba de quien es quien en el ámbito político.

En el panorama nacional, personajes  que se declaran abiertamente progresistas, democráticos, cultos, “doctorados” y defensores de los derechos de los ciudadanos, con sus actuaciones y manifestaciones quedan claramente en evidencia.

Declaraciones como “si no votaran los mayores de cuarenta y cinco años ganaríamos” o “el derecho a voto debería reservarse para aquellos que den un mínimo nivel cultural”. “Nuestra raza es superior, nosotros trabajamos más y somos más inteligentes, el ser bilingües es clara prueba”, “los que no son de nuestra estirpe que se vayan”, “en nuestro futuro “paraíso” el poder judicial dependerá del ejecutivo”; son comentarios que estamos cansados de escuchar y que nos hacen ver la cruda realidad de los “lideres” y parte de esa sociedad que los apoya con sus votos.

El ciudadano en general se decanta por dos claras tendencias; la liberal que defiende el libre mercado es poco proclive a la intervención y regulación del Estado,  defiende una baja fiscalidad y el máximo respeto a la propiedad privada.

La socialdemocracia, por lo contrario, fomenta un claro intervencionismo del Estado, con gran carga impositiva y amplios derechos para el ciudadano, lo que lógicamente dispara el gasto público y retrae el consumo.

Las consecuencias prácticas, en líneas generales, son que la primera teoría incentiva y premia el esfuerzo individual, el consumo y en consecuencia la producción provocando el efecto  llamada de las personas que buscan una oportunidad, un mundo mejor, es decir la inmigración.

También en estas sociedades se fomentan el emprendimiento, innovación y en ellas se dan los mayores avances técnicos y científicos que contribuyen al progreso y bienestar de todos los humanos. Se impide el ejercicio arbitrario del poder y en consecuencia se garantiza la seguridad jurídica.

La segunda teoría convierte al Estado en “el padre de todos” por lo que la masiva recaudación de impuestos es imprescindible para sostener un gasto publico que nos de sanidad universal, educación y en general un bienestar y derechos por el hecho de haber nacido.

La intervención del Estado en la economía es norma y tarde o temprano alguien tiene que pagar la factura del gasto y generalmente no lo hacen las grandes multinacionales o la gran banca que disponen de mecanismos para evitarlo.

Dependiendo de qué países y su respectiva estructura social puede funcionar uno u otro sistema; en  los países nórdicos, prácticamente los creadores de la Socialdemocracia como ahora la entendemos, funciona esta tendencia pero no olvidemos que tienen grandes diferencias de mentalidad y comportamiento en comparación con otras naciones como podría ser la nuestra.

En una sociedad donde se practica la guerra continua entre sus propios ciudadanos, la solidaridad, la empatía y el respeto al derecho a discrepar brillan por su ausencia.

Recordemos las palabras del Rey  Amadeo de Saboya, sustituto de Isabel II como consecuencia del  golpe de estado del catalán Prim, al decidir dejar España: “Si fueran extranjeros los enemigos; pero todos los que, con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles”.

O episodios lamentables más recientes, como en 1.912, cuando el escritor Benito Pérez Galdós se quedo a las puertas del Novel, gracias a las presiones a la Academia sueca de los propios políticos españoles contrarios a sus ideas.

En un país donde se cuestiona, sistemáticamente por los propios dirigentes de las regiones más prosperas, un principio fundamental como es el reparto de la riqueza y la vertebración del territorio, los platos rotos, los errores de gestión y el despilfarro de unos pocos siempre lo suelen pagar los mismos, las capas más débiles de la sociedad: zonas en declive industrial, autónomos y asalariados de bajos ingresos.

Artículo publicado en Diario de Ferrol el 27 de octubre de 2.018